Resumen ejecutivo
  • El objetivo del Índice Global de Impunidad (IGI) es visibilizar, en términos cuantitativos, el pro- blema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos globales como: desigualdad, corrupción y violencia.
  • El IGI representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir los niveles de impunidad en el mundo, a partir de una metodología cuantitativa estructurada desde el análisis de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos.
  • A partir de los resultados estadísticos que presenta el IGI (y el acceso abierto a nuestras bases de datos), los investigadores en universidades, medios de comunicación, organizaciones de la socie- dad civil, agencias internacionales, empresas globales y público en general, pueden realizar aná- lisis cualitativos más profundos por país y región.
  • Altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de estado de derecho, desarrollo económico insufi- ciente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.
Metodología
  • Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
  • Medimos la impunidad desde dos criterios centrales: la funcionalidad de sus sistemas de seguri- dad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países.
  • Ha sido comprobado –estadísticamente– que la impunidad está correlacionada con fenómenos humanos que preocupan profundamente a la comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el estado de derecho.
  • La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad. En efecto, es preciso destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia, sin embargo, esto por sí mismo no es suficiente; es impor- tante que dichas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.
  • Vemos con profunda preocupación que la desigualdad es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.
  • Este índice no reduce el fenómeno de la impunidad al porcentaje de delitos que son castigados, más bien propone un acercamiento más complejo y otorga un puntaje con base en las dimensio- nes de seguridad, justicia y derechos humanos relacionadas con la impunidad.
  • Se debe tener cuidado al comparar el IGI-2015 y el IGI-2017 porque la fuente de información de derechos humanos cambió y porque fueron incluidos 16 nuevos países a la muestra. Sin embargo, la metodología sigue siendo prácticamente la misma y garantiza la consistencia suficiente para analizar los grados de impunidad entre los países estudiados.
Resultados para el mundo
  • Con la información disponible en 2015 pudimos analizar 59 países. El IGI-2017 pudo ampliar las unidades de observación a 69 naciones. Se integraron 16 nuevos Estados al índice, sin embargo, seis casos tuvieron que salir del estudio por falta de información estadística reportada en los últimos años a la ONUDD (Andorra, Bahamas, Chipre, Guayana, Jamaica y Malta).
  • Por primera ocasión se integraron tres países de África al IGI: Argelia, Camerún y Kenia. De Asia-Pacífico ingresaron Australia, India y Kazajstán, mientras que de América se incorporaron Brasil, Ecuador, Granada, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela, y de Europa, Bélgica, Grecia y Reino Unido. Lo cual permite contar con una muestra más robusta.
  • En 124 países con membresía en las Naciones Unidas, no hay estadísticas suficientes sobre segu- ridad y justicia que permitan una evaluación comparada. Como hemos señalado anteriormente, esto puede ser resultado de la falta de capacidades o la ausencia de voluntad para reportar infor- mación. A estos países los agrupamos en la zona de impunidad estadística. Algunos de ellos pue- den incorporarse rápidamente al IGI si reportan a Naciones Unidas o instituciones estadísticas regionales la información de sus indicadores faltantes.
Impunidad muy baja y baja
  • Los diez países con muy bajo índice de impunidad son: 1) Croacia (36.01 puntos), 2) Bulgaria (37.19 puntos), 3) Eslovenia (37.23 puntos), 4) Suecia (39.15 puntos), 5) Noruega (40.90 puntos), 6) Montenegro (42.13 puntos), 7) República Checa (42.83 puntos), 8) Grecia (44.56 puntos), 9) Alemania (45.10 puntos) y 10) Países Bajos (45.31 puntos).
  • Los diez países que destacan por un nivel bajo de impunidad son: 11) Eslovaquia (46.08 puntos), Serbia (47.02 puntos), 13) Austria (47.55 puntos), 14) Polonia (47.61 puntos), 15) Bosnia y Herzegovina (48.17 puntos), 16) Rumania (48.68 puntos), 17) Finlandia (48.70 puntos), 18) Barbados (48.79 puntos), 19) Lituania (48.99 puntos) y 20) Reino Unido (49.12 puntos).
Impunidad media
  • 27 países se ubican en el rango de impunidad media: 21) Irlanda (50.20 puntos), 22) Letonia (50.30 puntos), 23) Islandia (50.58 puntos), 24) Dinamarca (50.70 puntos), 25) Estonia (51.37 puntos), 26) Hungría (51.42 puntos), 27) España (52.31 puntos), 28) Suiza (53.04 puntos), 29) Italia (53.35 puntos), 30) Argelia (53.84 puntos), 31) Mongolia (53.96 puntos), 32) Portugal (53.98 puntos), 33) Japón (54 puntos), 34) Granada (54.20 puntos), 35) Costa Rica (54.57 puntos), 36) Canadá (55.27 puntos), 37) Francia (56.27 puntos), 38) Albania (56.64 puntos), 39) Trinidad y Tobago (57.08 puntos), 40) Singapur (57.21 puntos), 41) Ucrania (57.26 puntos), 42) Australia (57.68 puntos), 43) República de Moldova (58.61 puntos), 44) Argentina (58.87 puntos), 45) Chile (59.05 puntos), 46) Armenia (59.06 puntos) y 47) República de Corea (59.45 puntos).
Países con mayores índices de impunidad
  • Los trece países que pudimos medir con muy alta impunidad son: 1) Filipinas (75.6 puntos), 2) India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú (69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos).
  • Los países con impunidad media alta son: 14) Estados Unidos de América (64.78 puntos), 15) Kenia (64.13 puntos), 16) Panamá (63.23 puntos), 17) Turquía (62.80 puntos), 18) Ecuador (62.72 puntos), 19) Guatemala (62.40 puntos), 20) Georgia (61.05 puntos), 21) Kazajstán (61.04 puntos) y 21) República Dominicana (60.61 puntos).
Impunidad estadística
  • La impunidad estadística es la «imposibilidad de medir las capacidades y funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario de los estados». La impunidad estadística tiene dos probables orígenes: deficiencia institucional en materia de estadísticas nacionales o falta de voluntad política para generar esta información. En países con niveles económicos altos o alta- mente desarrollados, la variable más importante para explicar la impunidad estadística es la falta de voluntad política del régimen en turno para generar estadísticas nacionales.
  • Arabia Saudita, China, Indonesia y Sudáfrica son los únicos cuatro integrantes del G-20 que no pu- dimos medir en este índice como consecuencia de la impunidad estadística. Es decir, no están re- portando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de sus sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, por lo que resulta difícil compararlos con el resto del mundo.
  • La mayor parte de los países de África, Asia Central y Oceanía tienen problemas estructurales dentro de sus oficinas de gobierno para poder reportar su información. La comunidad internacio- nal tiene una enorme responsabilidad para contribuir en la construcción de las instituciones en- cargadas de sus estadísticas nacionales para afrontar la medición profesional y objetiva de la Agenda Post 2015 de las Naciones Unidas. Sin mecanismos efectivos para el reporte y la valida- ción de la información nacional sobre seguridad, justicia y derechos humanos, no se cumplirán las metas definidas en el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Impunidad en África
  • Con excepción de Camerún, Kenia y Argelia, el resto de los países de África se encuentran en impunidad estadística en materia de seguridad y justicia.
  • África podría ser el segundo continente que presente mayores índices de impunidad global en correlación estadística con la desigualdad.
  • La región seguirá necesitando de la cooperación internacional para el desarrollo dirigido a for- talecer sus sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos.
  • También es indispensable, rumbo a la medición objetiva de la Agenda de la ONU de Desarrollo Post 2015, robustecer las capacidades de generación de estadísticas nacionales en materia de estado de derecho en los países africanos.
  • El crecimiento económico en la región, sobre todo de los países al sur del Sahara, debe estar acompañado de la construcción de instituciones en materia de seguridad y justicia.
Impunidad en América
  • En la edición 2017 se incorporó al índice a Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, gracias a la información reportada al ONUDD y por un trabajo de recolección de datos y métodos estadís- ticos de nuestro equipo de investigación.
  • Ningún país del continente se encuentra con un índice bajo de impunidad.
  • Los países mejor posicionados en el índice, aunque se encuentran en el rango medio global, son: Barbados, Granada, Costa Rica, Canadá, Trinidad y Tobago, Argentina y Chile.
  • Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Uruguay, no generan infor- mación estadística suficiente para poderlos estudiar dentro del IGI-2017. Por lo anterior, se en- cuentran considerados en el grupo de países con impunidad estadística. Sus gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor para reportar su información a Naciones Unidas.
  • México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de im- punidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
  • Venezuela se encuentra bajo observación crítica del CESIJ. Por lo anterior, los coordinadores decidimos catalogarlo como caso atípico. Se advierte que los datos de este índice corresponden al periodo 2015-2016. La actual situación de violencia, descomposición de las instituciones de- mocráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se encuentran suficientemente reflejadas en este reporte. El país presenta aún serias deficiencias y vacíos de información estadística por lo que podría regresar al grupo de países de impunidad estadística de la región. Es muy lamentable que el gobierno actual haya de- cidido iniciar el proceso de salida de las instituciones interamericanas, como la OEA y el sistema de derechos humanos. Ésta es una señal crítica de que los niveles de impunidad se han elevado y pueden deteriorarse en el futuro próximo.
  • Reiteramos nuestra preocupación por la combinación de altos grados de impunidad y desigual- dad socioeconómica que caracterizan a la región. La exclusión social es un factor que retroali- menta la impunidad y agrava las consecuencias para quienes sufren las condiciones de marginación. Una estrategia de consolidación del estado de derecho requiere mejorar la estruc- tura y funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad, pero también debe generar insti- tuciones capaces de incluir económicamente a la población.
Impunidad en Asia-Pacífico
  • Japón y Singapur son los países con menor índice de impunidad de la región. Sin embargo, se encuentra a media tabla del IGI-2017.
  • Esta región tiene a los dos países con el más alto nivel de impunidad medido: Filipinas e India. Filipinas pasa por uno de sus momentos más críticos, debido al aumento de la violencia vinculada con la delincuencia organizada y al crecimiento de las actividades terroristas de grupos locales vinculados al Estado Islámico. India tiene el reto de incrementar sus capacidades institucionales para hacer frente al desafío que implica el tamaño y aumento de su población, ante la eminente exigencia de mayores niveles de seguridad y justicia.
  • Arabia Saudita, China e Indonesia, miembros del G-20, no cuentan con suficiente información estadística en la ONUDD, en materia de seguridad y justicia, para poder ingresarlos a este índice.
  • En Asia central los únicos países que pudimos medir son Kazajstán y Mongolia, el resto del sub- continente se encuentra en impunidad estadística.
  • Turquía podría tener presiones sobre su índice de impunidad por las tensiones políticas internas y por la presencia de grupos antagónicos, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y células del Estado Islámico. Asimismo, la cercanía con los conflictos en Siria e Irak pueden in- crementar las presiones sobre los sistemas de seguridad y justicia de manera natural en este país.
Impunidad en Europa
  • Europa es el continente con los menores niveles de impunidad global.
  • Bélgica, Grecia y Reino Unido fueron incorporados en esta edición gracias a la actualización de su información en ONUDD y en plataformas estadísticas nacionales y europeas.
  • Resalta que países de Europa del Este que se incorporaron a la Unión Europea, como Croacia, Bulgaria, Eslovenia y República Checa, mantengan niveles muy bajos de impunidad, al igual que en el IGI 2015.
  • Sólo tres países de la Unión Europea no pudieron ser integrados en esta ocasión al índice: Chipre, Luxemburgo y Malta. Chipre y Malta no actualizaron su información en la ONUDD.
  • La metodología de IGI no mide la corrupción política ni de los aparatos de justicia. A pesar de que hay señalamientos de corrupción creciente e indicios de descomposición política y democrática en algunos países de la región, como Albania, Bulgaria, Polonia y Rumania, no tenemos evidencia estadística en este modelo para medir esos grados de corrupción. De igual forma, en algunos países de Europa del Este se comienza a percibir un incremento preocupante de un discurso po- lítico intolerante y de delitos de odio contra migrantes y minorías, al igual que persecución con- tra medios de comunicación y periodistas. De continuar esta tendencia, los índices de impunidad podrían deteriorarse significativamente en los próximos años.
  • Dentro del IGI-2017, solamente la Federación de Rusia se encuentra con un índice muy alto de impunidad.
Impunidad en México

México ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo, ocupa el lugar 66 de 69 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2017. En 2015 ocupó la posición 58 entre 59 casos estudiados. Al incrementar el número de países a la muestra ha dejado de ocupar la penúltima posición dentro del IGI, pero también aumenta su distancia frente a los casos mejor evaluados.

  • México cuenta con dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
  • Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejer- cer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.
  • Este índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción tendría un efecto inmediato sobre los juicios, ya que al aumentar su número, sería posible incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles.
  • El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes. México cuenta con sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes.
  • Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el índice permitió: evidenciar su deficiencia, pues casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia (43%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
  • Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata, perfectamente, los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, contar con un alto número de policías no significa que posean las capacidades adecuadas para cumplir sus tareas, lo que se refleja en los problemas señalados de funcionamiento del sistema de seguridad.
  • El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad.
  • De igual forma, las graves violaciones a los derechos humanos representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano.
  • El país necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad. Se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Sin embargo, estos recursos deben reflejarse en aumentos reales de capacidades humanas, infraestructura y profesionalización de los sistemas antes mencionados.
  • El aumento de recursos a estos sistemas gubernamentales, en los últimos años, no ha tenido una correlación positiva para reducir los niveles de impunidad y violencia en el país. La clave del problema está en la corrupción del uso de estos recursos y en la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones del país en el ámbito nacional y local.
  • Resulta indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad y, de esa forma, conseguir un efecto mayor en los procesos de cambio institucional e intervención de políticas públicas.
  • La entrada en vigor, en México, del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad. Sin embargo, el actual sistema acusatorio no genera por sí mismo impunidad. Lo que crea la impunidad son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externo.

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